A un año de las elección de Felipe Calderón, la crisis de seguridad se profundiza. El Ejército Popular Revolucionario (EPR) se adjudica los atentados en contra de ductos de PEMEX en Guanajuato y en Querétaro.
Es cierto que el EPR ya tiene una presencia prolongada, estando particularmente arraigados en el Suroeste mexicano, en Oaxaca y en Guerrero. Ha participado en varios actos de carácter militarizado, y se cree que tiene presencia política en varios movimientos sociales (incluyendo, supuestamente, en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca --APPO).
No obstante sus acciones anteriores, las acciones recientes en contra de las instalaciones de PEMEX me parecen una escalada sin precedentes. Los objetivos son de alto valor estratégico que no solamente generan publicidad al grupo, y ayudan a difundir sus peticiones, sino que tiene un costo económico muy particular. Y ni hablar de los aspectos políticos.
Es un signo de la debilidad institucional que un grupo marginal como el EPR pueda operar con ésta eficacia y audacia, en áreas donde tradicionalmente no había ocupado espacios. Desde luego, se sabe que basta con un puñado de gentes para realizar éstos operativos, pero no pegaron una vez, sino varias veces.
Algunas voces hablan de una "cortina de humo" para acallar las acusaciones del Chinogate. Pero ya en otras ocasiones se había tachado al EPR como "pantomima".
La respuesta del gobierno no se hará esperar. De pronto reforzando la seguridad. Pero el márgen de operación política es escaso, dado la debilidad inherente a un gobierno cuestionado y que ha sido incapaz de ganar espacios políticos en un año de operación, más allá de los publicitarios y mediante operativos vistosos pero poco efectivos.
